SemMéxico, Morelia, Michoacán, 01 de agosto del 2022.-

Durante el periodo del 2016 a 2022, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en Michoacán, reportó que han sido vinculadas para su atención en este organismo 55 delitos de feminicidios y 380 de homicidios calificados en contra de mujeres, algunas de ellas, madres de familia que dejaron en la orfandad a niños, niñas y adolescentes.

Del total de las mujeres asesinadas que fueron reportadas ante el CEEAV en este periodo suman 435, solo 105 de ellas junto a 130 hombres que fueron asesinados eran padres o madres de familia, y dejaron en la orfandad a 250 niñas, niños y adolescentes, datos que podrían ser superiores, ya que solo se refiere a casos que llegan a este organismo a pedir apoyo jurídico, psicológico o bien reparación del daño, pero no la totalidad de los existentes en Michoacán o que tienen las autoridades de justicia.

De acuerdo con Josué Alfonso Mejía Pineda, titular el CEEAV, desde su creación la dependencia a su cargo atendido 435 casos de mujeres que fueron víctimas de feminicidio y homicidio doloso, pero en este grupo también se han atendido a 130 hombres que fueron asesinados y cuyos hijos se quedaron solos, sin que se tenga desagregado que porcentaje de menores eran hijos de mujeres.

La atención que otorga la dependencia es para gastos funerales, acompañamiento jurídico y psicológico, sin embargo, admitió que requieren de una atención más articulada, ya que generalmente cuando es asesinada la madre de familia, hay una descomposición en el primer círculo familiar, por lo que las repercusiones de un homicidio perpetrado contra las mujeres son graves, especialmente contra sus hijas e hijos, que quedan en vulnerabilidad.

“Las madres de familia son un sostén muy importante, en este círculo se ha detectado que se presume que los feminicidas son padres de las niñas, niños y adolescentes que quedan huérfanos, esto deriva en una total descomposición familiar”, expuso.

El funcionario rechazó que exista descuido institucional, si bien, dijo, ha faltado articulación para implementar un plan integral de atención, no es que detrás exista indiferencia de las autoridades.

Para Sofía Blanco Sixtos, activista e integrante del Colectivo Feminista MAPAS, es más grave de lo que parece, a la fecha no hay ninguna ley que contemple que cuando un menor sufre la pérdida de su mamá a causa del feminicidio, cuenten con pensión alimenticia, tampoco hay atención especializada a los niños y niñas en estas condiciones de orfandad y reparación integral del daño, además de atender el trauma que genera que el progenitor causante de estos homicidios.

“No dudo que haya buena intención, pero no hay acciones de las autoridades, se queda en buenas intenciones”, dijo al recordar que los casos que MAPAS apoyado y que ha llevado a juicio, generalmente no hay reparación integral del daño, solo se pagan 300 mil pesos que difícilmente podrán cubrir sus necesidades educativas o de salud, cuando estas pueden llegar a los dos millones de pesos durante su vida estudiantil.

“No solamente es considerar la atención psicológica, no hay especialistas en el trauma de la infancia, no hay reparación integral, no les alcanza para la universidad, les están dando becas del gobierno y no alcanza”, expresó al señalar que lamentablemente en muchas ocasiones, pasa otro fenómeno, la familia del agresor se queda con la custodia de los menores, lo que origina que no estén en un ambiente adecuado.

La diputada local del Partido del Trabajo, Gabriela Cazárez, expresó que se necesita ir más allá de sancionar el delito, si bien existen reformas a la ley para aumentar la pena a los feminicidas, esto no es suficiente, se requiere prevenir el feminicidio y encontrar que la reparación del daño pueda alcanzar a las víctimas directas e indirectas que son las y los hijos y toda la familia.

“Queremos evitar que nos maten, pero no se ataca el problema de raíz, el sistema de justicia no funciona, le podemos dar 500 años de cárcel, aun así, no será suficiente, entonces, yo he insistido en la reparación del daño, aunque no compensa la vida de una persona, no obstante, cuando se comete, hay que buscar la manera de que la familia pueda acceder a un trato justo y digno”, reiteró la diputada.

Morelia ocupa el primer lugar con mayor número de niñas, niños y adolescentes (NNA) en condición de orfandad con 102 NNA cuyos padres fueron víctimas de homicidio calificado o feminicidios. En la lista, le sigue Tarímbaro, Aguililla, Jacona, Zamora, Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Acuitzio, Los Reyes, Zacapu, Huandacareo, Puruándiro, Quiroga, Salvador Escalante y Zinapécuaro.

Edición: Leticia E. Becerra Valdez

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