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noviem­bre 8, 2019

Redac­ción

Sem­Méx­ico. Cd. de Méx­ico. 8 de noviem­bre de 2019.- El Obser­va­to­rio Ciu­dadano Nacional del Fem­i­ni­cidio (OCNF), saluda las Obser­va­ciones finales sobre el sexto informe per­iódico de Méx­ico ante el Comité de Dere­chos Humanos de la ONU (CCPR) para la super­visión de la apli­cación del Pacto Inter­na­cional de Dere­chos Civiles y Políti­cos (PIDCP).

El Comité exam­inó el sexto informe per­iódico de Méx­ico en sus sesiones cel­e­bradas en Gine­bra, Suiza, los días 16, 17 y el 31 de octubre de 2019, aprobando las obser­va­ciones finales el 1 de noviem­bre de 2019, las cuales fueron hechas públi­cas ayer 7 de noviembre.

En un comu­ni­cado de prensa OCNF saluda las obser­va­ciones real­izadas a Méx­ico para que los dere­chos de las mujeres, niñas y ado­les­centes sean garan­ti­za­dos y que de realizarse podrían dis­minuir y con­tribuir a la errad­i­cación de la vio­len­cia fem­i­ni­cida en nue­stro país.

Si bien el Comité reconoce los esfuer­zos insti­tu­cionales adop­ta­dos por Méx­ico para hacer frente a la vio­len­cia en su con­tra, con­tinúa pre­ocu­pado ante el aumento pro­gre­sivo de este tipo de vio­len­cia. De man­era par­tic­u­lar al Comité le preocupa:

a) La falta de armo­nización de la tip­i­fi­cación del delito de fem­i­ni­cidio entre la Ley Gen­eral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio­len­cia (LGAMVLV) y los códi­gos penales estatales, así como sus pro­to­co­los de actuación para la inves­ti­gación crim­i­nal del feminicidio.

b) Los desafíos en la imple­mentación del Mecan­ismo de Alerta de Vio­len­cia de Género, incluyendo la falta de recur­sos financieros y la falta de infor­ma­ción por parte de las autori­dades encar­gadas de su coordinación.

c) El reducido número de enjui­ci­amien­tos y con­de­nas en casos de vio­len­cia con­tra la mujer y niñas y en vir­tud del delito de feminicidio.

Ante ello, el Comité de Dere­chos Humanos de la ONU, advierte que Méx­ico debe inten­si­ficar sus esfuer­zos para pre­venir y com­batir los actos de vio­len­cia con­tra mujeres, niñas y ado­les­centes. En particular:

1.-Armonizar la tip­i­fi­cación del delito de fem­i­ni­cidio en todo el ter­ri­to­rio mex­i­cano, de acuerdo con el Pacto Inter­na­cional de Dere­chos Civiles y Políti­cos, así como los pro­to­co­los de actuación para la inves­ti­gación crim­i­nal del fem­i­ni­cidio, y estable­cer sin demoras mecan­is­mos efec­tivos encar­ga­dos de proce­sar e imple­men­tar las órdenes de pro­tec­ción estable­ci­das en la LGAMVLV en todo el territorio.

2.-Dotar a todas las insti­tu­ciones encar­gadas de imple­men­tar la LGAMVLV, incluyendo aque­l­las encar­gadas de imple­men­tar el Mecan­ismo de Alerta y las Órdenes de Pro­tec­ción, de recur­sos financieros y humanos sufi­cientes y debida­mente capacitados.

3.-Facilitar la pre­sentación de denun­cias por parte de las víc­ti­mas, ase­gu­rar que todos los hechos vio­len­tos en con­tra de mujeres y niñas sean inves­ti­ga­dos con per­spec­tiva de género y de man­era dili­gente, pronta, exhaus­tiva e impar­cial, que los autores sean enjui­ci­a­dos y san­ciona­dos y que las víc­ti­mas puedan obtener asis­ten­cia, medios de pro­tec­ción y una reparación integral.

4.-Proseguir sus esfuer­zos de for­ma­ción para el per­sonal de las insti­tu­ciones judi­ciales, de la policía y exper­tos forenses (per­i­tos), des­ti­na­dos a elim­i­nar los estereoti­pos de género y a evi­tar la doble vic­tim­ización de las víctimas.

5.-Fomentar la par­tic­i­pación y colab­o­ración con las orga­ni­za­ciones de la sociedad civil que tra­ba­jan por los dere­chos de las mujeres y niñas víc­ti­mas y supervivientes.

Por otra parte, si bien “el Comité acoge con sat­is­fac­ción las medi­das leg­isla­ti­vas e insti­tu­cionales adop­tadas por el Estado parte durante el período en estu­dio en mate­ria de dere­chos civiles y políti­cos, incluyendo la Ley Gen­eral de Víc­ti­mas, el Reglamento de la Ley Gen­eral de Víc­ti­mas y la Reforma Con­sti­tu­cional en mate­ria de dere­chos humanos, pre­ocupa al Comité que, pese la adop­ción de la Ley Gen­eral de Víc­ti­mas, su imple­mentación ha sido insuficiente”.

En con­creto, le pre­ocupa que varias enti­dades fed­er­a­ti­vas aún no cuen­tan con un organ­ismo garante de la apli­cación de dicha Ley; la mayor parte de los organ­is­mos locales care­cen de los recur­sos nece­sar­ios y del per­sonal cal­i­fi­cado para brindar las medi­das pre­vis­tas en la Ley; las medi­das de reparación se enfo­can casi que exclu­si­va­mente en la ind­em­nización; y los trámites admin­is­tra­tivos para lograr el reconocimiento de la cal­i­dad de víc­tima son com­ple­jos y, a menudo, revic­tim­izantes. Le pre­ocupa tam­bién, la falta de acce­si­bil­i­dad de parte de la población, par­tic­u­lar­mente la población indí­gena, a los mecan­is­mos estable­ci­dos por dicha Ley y la falta de aten­ción espe­cial­izada a las mujeres víc­ti­mas de vio­la­ciones de dere­chos humanos.

En ese sen­tido, el Comité insta a Méx­ico a que provea a los organ­is­mos encar­ga­dos de aplicar la Ley Gen­eral de Víc­ti­mas de los recur­sos nece­sar­ios, de la capac­itación ade­cuada y de los mecan­is­mos de con­trol efi­caces para que las víc­ti­mas de vio­la­ciones de dere­chos humanos reciban con pron­ti­tud una reparación inte­gral, que sea sen­si­ble a aspec­tos cul­tur­ales y cues­tiones de género.

”Como Obser­va­to­rio Ciu­dadano Nacional del Fem­i­ni­cidio, red con­for­mada por 43 orga­ni­za­ciones de la sociedad civil, ubi­cadas en 23 esta­dos del país, insta­mos al Gob­ierno de Méx­ico a cumplir con las recomen­da­ciones emi­ti­das por el Comité, el cual advierte que el Estado “debe difundir ampli­a­mente el Pacto y sus dos Pro­to­co­los Fac­ul­ta­tivos, su sexto informe per­iódico y las recientes obser­va­ciones finales a fin de dar a cono­cer los dere­chos con­sagra­dos en el Pacto a las autori­dades judi­ciales, leg­isla­ti­vas y admin­is­tra­ti­vas, a la sociedad civil y a las orga­ni­za­ciones no guber­na­men­tales que actúan en el país, así como a la población en gen­eral, incluyendo a las comu­nidades minori­tarias y pueb­los indígenas”.

Las defen­so­ras de dere­chos humanos y orga­ni­za­ciones que con­for­mamos el OCNF darán seguimiento e impul­sare­mos la imple­mentación de las obser­va­ciones real­izadas por el Comité.

Cabe men­cionar que de con­formi­dad con el cal­en­dario para la pre­sentación de informes del Comité, se espera que Méx­ico pre­sente den­tro de un año sus respues­tas a la lista de cues­tiones, que con­sti­tuirá su sép­timo informe per­iódico. El Comité tam­bién solicita al Gob­ierno de Méx­ico que, al preparar el informe, con­sulte ampli­a­mente a la sociedad civil y las orga­ni­za­ciones no guber­na­men­tales que actúan en el país.

Fuente: Sem­Mex­ico

Pub­li­cación: Leti­cia E. Becerra Valdez

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Sem­Méx­ico. Cd. de Méx­ico. 8 de noviem­bre de 2019.- El Obser­va­to­rio Ciu­dadano Nacional del Fem­i­ni­cidio (OCNF), saluda las Obser­va­ciones finales sobre el sexto informe per­iódico de Méx­ico ante el Comité de Dere­chos Humanos de la ONU (CCPR) para la super­visión de la apli­cación del Pacto Inter­na­cional de Dere­chos Civiles y Políti­cos (PIDCP).

El Comité exam­inó el sexto informe per­iódico de Méx­ico en sus sesiones cel­e­bradas en Gine­bra, Suiza, los días 16, 17 y el 31 de octubre de 2019, aprobando las obser­va­ciones finales el 1 de noviem­bre de 2019, las cuales fueron hechas públi­cas ayer 7 de noviembre.

En un comu­ni­cado de prensa OCNF saluda las obser­va­ciones real­izadas a Méx­ico para que los dere­chos de las mujeres, niñas y ado­les­centes sean garan­ti­za­dos y que de realizarse podrían dis­minuir y con­tribuir a la errad­i­cación de la vio­len­cia fem­i­ni­cida en nue­stro país.

Si bien el Comité reconoce los esfuer­zos insti­tu­cionales adop­ta­dos por Méx­ico para hacer frente a la vio­len­cia en su con­tra, con­tinúa pre­ocu­pado ante el aumento pro­gre­sivo de este tipo de vio­len­cia. De man­era par­tic­u­lar al Comité le preocupa:

a) La falta de armo­nización de la tip­i­fi­cación del delito de fem­i­ni­cidio entre la Ley Gen­eral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio­len­cia (LGAMVLV) y los códi­gos penales estatales, así como sus pro­to­co­los de actuación para la inves­ti­gación crim­i­nal del feminicidio.

b) Los desafíos en la imple­mentación del Mecan­ismo de Alerta de Vio­len­cia de Género, incluyendo la falta de recur­sos financieros y la falta de infor­ma­ción por parte de las autori­dades encar­gadas de su coordinación.

c) El reducido número de enjui­ci­amien­tos y con­de­nas en casos de vio­len­cia con­tra la mujer y niñas y en vir­tud del delito de feminicidio.

Ante ello, el Comité de Dere­chos Humanos de la ONU, advierte que Méx­ico debe inten­si­ficar sus esfuer­zos para pre­venir y com­batir los actos de vio­len­cia con­tra mujeres, niñas y ado­les­centes. En particular:

1.-Armonizar la tip­i­fi­cación del delito de fem­i­ni­cidio en todo el ter­ri­to­rio mex­i­cano, de acuerdo con el Pacto Inter­na­cional de Dere­chos Civiles y Políti­cos, así como los pro­to­co­los de actuación para la inves­ti­gación crim­i­nal del fem­i­ni­cidio, y estable­cer sin demoras mecan­is­mos efec­tivos encar­ga­dos de proce­sar e imple­men­tar las órdenes de pro­tec­ción estable­ci­das en la LGAMVLV en todo el territorio.

2.-Dotar a todas las insti­tu­ciones encar­gadas de imple­men­tar la LGAMVLV, incluyendo aque­l­las encar­gadas de imple­men­tar el Mecan­ismo de Alerta y las Órdenes de Pro­tec­ción, de recur­sos financieros y humanos sufi­cientes y debida­mente capacitados.

3.-Facilitar la pre­sentación de denun­cias por parte de las víc­ti­mas, ase­gu­rar que todos los hechos vio­len­tos en con­tra de mujeres y niñas sean inves­ti­ga­dos con per­spec­tiva de género y de man­era dili­gente, pronta, exhaus­tiva e impar­cial, que los autores sean enjui­ci­a­dos y san­ciona­dos y que las víc­ti­mas puedan obtener asis­ten­cia, medios de pro­tec­ción y una reparación integral.

4.-Proseguir sus esfuer­zos de for­ma­ción para el per­sonal de las insti­tu­ciones judi­ciales, de la policía y exper­tos forenses (per­i­tos), des­ti­na­dos a elim­i­nar los estereoti­pos de género y a evi­tar la doble vic­tim­ización de las víctimas.

5.-Fomentar la par­tic­i­pación y colab­o­ración con las orga­ni­za­ciones de la sociedad civil que tra­ba­jan por los dere­chos de las mujeres y niñas víc­ti­mas y supervivientes.

Por otra parte, si bien “el Comité acoge con sat­is­fac­ción las medi­das leg­isla­ti­vas e insti­tu­cionales adop­tadas por el Estado parte durante el período en estu­dio en mate­ria de dere­chos civiles y políti­cos, incluyendo la Ley Gen­eral de Víc­ti­mas, el Reglamento de la Ley Gen­eral de Víc­ti­mas y la Reforma Con­sti­tu­cional en mate­ria de dere­chos humanos, pre­ocupa al Comité que, pese la adop­ción de la Ley Gen­eral de Víc­ti­mas, su imple­mentación ha sido insuficiente”.

En con­creto, le pre­ocupa que varias enti­dades fed­er­a­ti­vas aún no cuen­tan con un organ­ismo garante de la apli­cación de dicha Ley; la mayor parte de los organ­is­mos locales care­cen de los recur­sos nece­sar­ios y del per­sonal cal­i­fi­cado para brindar las medi­das pre­vis­tas en la Ley; las medi­das de reparación se enfo­can casi que exclu­si­va­mente en la ind­em­nización; y los trámites admin­is­tra­tivos para lograr el reconocimiento de la cal­i­dad de víc­tima son com­ple­jos y, a menudo, revic­tim­izantes. Le pre­ocupa tam­bién, la falta de acce­si­bil­i­dad de parte de la población, par­tic­u­lar­mente la población indí­gena, a los mecan­is­mos estable­ci­dos por dicha Ley y la falta de aten­ción espe­cial­izada a las mujeres víc­ti­mas de vio­la­ciones de dere­chos humanos.

En ese sen­tido, el Comité insta a Méx­ico a que provea a los organ­is­mos encar­ga­dos de aplicar la Ley Gen­eral de Víc­ti­mas de los recur­sos nece­sar­ios, de la capac­itación ade­cuada y de los mecan­is­mos de con­trol efi­caces para que las víc­ti­mas de vio­la­ciones de dere­chos humanos reciban con pron­ti­tud una reparación inte­gral, que sea sen­si­ble a aspec­tos cul­tur­ales y cues­tiones de género.

”Como Obser­va­to­rio Ciu­dadano Nacional del Fem­i­ni­cidio, red con­for­mada por 43 orga­ni­za­ciones de la sociedad civil, ubi­cadas en 23 esta­dos del país, insta­mos al Gob­ierno de Méx­ico a cumplir con las recomen­da­ciones emi­ti­das por el Comité, el cual advierte que el Estado “debe difundir ampli­a­mente el Pacto y sus dos Pro­to­co­los Fac­ul­ta­tivos, su sexto informe per­iódico y las recientes obser­va­ciones finales a fin de dar a cono­cer los dere­chos con­sagra­dos en el Pacto a las autori­dades judi­ciales, leg­isla­ti­vas y admin­is­tra­ti­vas, a la sociedad civil y a las orga­ni­za­ciones no guber­na­men­tales que actúan en el país, así como a la población en gen­eral, incluyendo a las comu­nidades minori­tarias y pueb­los indígenas”.

Las defen­so­ras de dere­chos humanos y orga­ni­za­ciones que con­for­mamos el OCNF darán seguimiento e impul­sare­mos la imple­mentación de las obser­va­ciones real­izadas por el Comité.

Cabe men­cionar que de con­formi­dad con el cal­en­dario para la pre­sentación de informes del Comité, se espera que Méx­ico pre­sente den­tro de un año sus respues­tas a la lista de cues­tiones, que con­sti­tuirá su sép­timo informe per­iódico. El Comité tam­bién solicita al Gob­ierno de Méx­ico que, al preparar el informe, con­sulte ampli­a­mente a la sociedad civil y las orga­ni­za­ciones no guber­na­men­tales que actúan en el país.

Fuente: Sem­Mex­ico

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