Boletín

Zamora, Mich. 12 Febrero de 2018.-

Con el obje­tivo de estable­cer un pro­ced­imiento de actuación para la imple­mentación de las medi­das de pro­tec­ción, que favorez­can la coor­di­nación de las áreas y aten­ción efec­tiva de las mujeres en situación de vio­len­cia, se firmó el “Con­ve­nio del Pro­to­colo de Medi­das de Pro­tec­ción de la Mujer en situación de Violencia”.


Por la impor­tan­cia del con­ve­nio, el man­datario munic­i­pal José Car­los Lugo Godínez, comentó que las medi­das para la pro­tec­ción de la mujer en situación de vio­len­cia, direc­ta­mente en la Fis­calía Espe­cial­izada, son de suma impor­tan­cia por ello aprovechó para hacer un recor­rido por sus insta­la­ciones y saber de primera mano el fun­cionamiento de la Coor­di­nación Gen­eral de Fis­calías Regionales de la Procu­raduría Gen­eral del Estado de Michoacán.


Este con­ve­nio aplica para todos los munici­p­ios del Estado, pero prin­ci­pal­mente para los 14 munici­p­ios declar­a­dos con “Alerta de Género” en junio de 2016, es además una coyun­tura para que como munici­pio, las acciones que se han real­izado para erradicar la vio­len­cia en con­tra de las mujeres se com­par­tan.


El pro­to­colo es el resul­tado del proyecto real­izado por la Procu­raduría Gen­eral de Jus­ti­cia del Estado de Michoacán, con el apoyo de la Comisión Nacional para Pre­venir y San­cionar la Vio­len­cia con­tra las Mujeres (CONAVIM), con el obje­tivo de garan­ti­zar la seguri­dad e inte­gri­dad física de las mujeres en situación de violencia.


Algu­nas medi­das de pro­tec­ción incluyen la pro­hibi­ción de acer­carse o comu­ni­carse con la víc­tima u ofen­dido, lim­itación para asi­s­tir o acer­carse al domi­cilio de la víc­tima u ofen­dido o al lugar donde se encuen­tre, sep­a­ración inmedi­ata del domicilio.


La entrega inmedi­ata de obje­tos de uso per­sonal y doc­u­men­tos de iden­ti­dad de la víc­tima que tuviera en su pos­esión el prob­a­ble respon­s­able, la pro­hibi­ción de realizar con­duc­tas de intim­i­dación o moles­tia a la víc­tima u ofen­dido o a per­sonas rela­cionadas con ellos, vig­i­lan­cia en el domi­cilio de la víc­tima u ofen­dido, pro­tec­ción poli­cial de la víc­tima u ofen­dido, aux­ilio inmedi­ato por inte­grantes de insti­tu­ciones poli­ciales, al domi­cilio en donde se local­ice o se encuen­tre la víc­tima u ofen­dido en el momento de solic­i­tarlo, traslado de la víc­tima u ofen­dido a refu­gios o alber­gues tem­po­rales, así como de sus descen­di­entes, el rein­greso de la víc­tima u ofen­dido a su domi­cilio, una vez que se sal­va­guarde su seguridad


Sobre la duración de las medi­das de pro­tec­ción y prov­i­den­cias pre­cau­to­rias está la imposi­ción de las medi­das de pro­tec­ción y de las prov­i­den­cias pre­cau­to­rias ten­drá una duración máx­ima de sesenta días nat­u­rales, pror­ro­gables hasta por treinta días.


Cuando desa­parezca la causa que dio ori­gen a la medida dec­re­tada, el imputado, su Defen­sor o en su caso el Min­is­te­rio Pub­lico, podrán solic­i­tar al Juez de con­trol que la deje sin efectos.

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Pub­li­cación: Leti­cia E. Becerra Valdez

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